Velarde, Powell y la mitología del banquero

Velarde, Powell y la mitología del banquero

El 15 de mayo concluye el mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. La nominación de Kevin Warsh por la administración Trump se anunció en enero de 2026, y los mercados de capitales, la prensa financiera y los gremios económicos estadounidenses no parecen sostener la hipótesis de que la economía vaya a colapsar el 16. Se discuten asuntos sustantivos: el peso de la deuda federal, la presión presidencial sobre la independencia operativa de la Fed, el destino del dólar como moneda de reserva. Lo que no se discute es la sustituibilidad del banquero central. La transición es administrativa.

En el Perú la coincidencia calendárica es casi exacta. El 28 de julio de 2026 asume un nuevo gobierno, y con él vence el mandato de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), conforme al artículo 86 de la Constitución Política, que ata el período del Directorio al período presidencial. La diferencia respecto del caso estadounidense no se inscribe en el procedimiento sino en la atmósfera. Aquí, la sola pregunta sobre si Velarde se queda o se va se discute como variable macroeconómica, según puede verificarse en la cobertura de los medios financieros locales y en los pronunciamientos de los gremios empresariales. La salida del banquero central, en el imaginario público peruano, opera como detonador potencial de una crisis que el país no termina de querer mirar.

Lo que se pretende mostrar en lo que sigue es que esa diferencia atmosférica no constituye coincidencia. Es síntoma de una mitología cuya función vale la pena examinar.

La mitología y sus rituales

La economía moderna ha desarrollado, desde Greenspan, un aparato simbólico que conviene leer como mitología en sentido técnico. No se trata de ficción decorativa. Se trata de un dispositivo de organización del sentido público en torno a una figura que concentra causalidad dispersa. Una economía es difusa, multicausal y opaca incluso para sus operadores; un banquero central, en cambio, es figura nombrable a la que puede atribuirse agencia. La narrativa pública corrige ese desnivel cognitivo concentrando causalidad en personas concretas, en buena medida porque los mercados, los medios financieros y los inversionistas requieren un decisor visible para coordinar expectativas. La autoría dispersa es ilegible. La mitología produce legibilidad.

Esta operación no resulta excéntrica al pensamiento contemporáneo sobre el poder. Foucault (2007), en sus cursos sobre biopolítica liberal, había anticipado que en los regímenes neoliberales el experto técnico —el banquero, el regulador, el economista— funciona como nodo de saber-poder antes que como soberano: su autoridad no es jurídica sino discursiva, y se sostiene en rituales periódicos que reproducen su lugar en la jerarquía del campo. Las premiaciones a los banqueros centrales —The Banker, LatinFinance, Global Finance— no son adornos. Son las ceremonias que reproducen anualmente la centralidad simbólica del cargo. Velarde, según consta en su discurso del 27 de abril de 2026, ha recibido el reconocimiento como Banquero Central del Año para las Américas en dos ocasiones: 2020 y 2022.

Ahora bien, la descripción del aparato no agota el problema. Lo que importa es preguntar qué función cumple. Y la respuesta, según se postula aquí, es doble. Por un lado, el mecanismo es tecnológicamente útil: produce legibilidad allí donde el sistema económico es difuso e impredecible, y permite a los actores económicos operar con un punto de referencia común. Por otro lado, esa utilidad coordinadora se confunde con verdad descriptiva, y allí la mitología deja de organizar para empezar a gobernar. Cuando el lector confunde al banquero como figura organizadora con el banquero como agente causal real, el aparato se vuelve mecanismo de poder antes que de información.

La evidencia empírica disponible, debe precisarse, no sostiene la imagen del banquero como agente causal. Powell, durante 2021, sostuvo durante meses que la inflación post-pandemia era transitoria; los datos posteriores demostraron que estaba equivocado. La expansión cuantitativa posterior a 2008 y a 2020 no produjo la hiperinflación que el monetarismo ortodoxo había pronosticado: produjo, más bien, una década entera en que los bancos centrales no lograron acercar la inflación a la meta del 2%. El ciclo de subidas agresivas de tasas durante 2022 y 2023 no detonó la recesión que el consenso de economistas había predicho. Powell se retira con la economía estadounidense en condiciones razonables, y resulta difícil atribuirle limpiamente —en uno u otro sentido— el resultado. Las predicciones del gremio fallaron sistemáticamente. La institución, paradójicamente, salió fortalecida. Cualquier campo intelectual que no logra falsar sus propias predicciones y aun así acumula prestigio enfrenta un problema epistémico que no debería despacharse sin nombrarlo.

Aquí se produce una convergencia teórica que merece ser subrayada, porque proviene de tradiciones que el sentido común considera opuestas. Hayek (1976), en su tratado sobre la desnacionalización del dinero, sostuvo que la pretensión de planificación monetaria centralizada repite el problema del cálculo socialista en escala reducida: ningún directorio, por competente que sea, agrega la información distribuida que solo el mercado descubre. La solución hayekiana —competencia de monedas privadas— era utópica, pero el diagnóstico fue prescient: Bitcoin opera, casi cincuenta años después, sobre exactamente esa intuición. Foucault (2007), desde un horizonte teórico que en apariencia nada tendría que compartir con Hayek, llega sin embargo a una conclusión análoga: el banquero central como nodo de saber-poder, no como soberano. La concentración simbólica organiza expectativas justo porque la realidad subyacente es difusa y multicausal. Donde el liberalismo necesitaba un sumo sacerdote, lo construyó.

El error de la narrativa pública, en consecuencia, no consiste en afirmar que los bancos centrales importan. Importan. Lo que esa narrativa hace mal es confundir importancia asimétrica con omnipotencia. Los bancos centrales pueden hacer enorme daño a una economía —Argentina, Venezuela, Zimbabwe y la propia hiperinflación peruana de 1990 son evidencia abundante— y al mismo tiempo producir muy poco crecimiento sostenido. Son piso institucional, no techo. Un buen banquero central impide que la economía se desbarranque; ningún banquero central, por bueno que sea, hace rico a un país. Velarde estabilizó precios. Pero el Perú creció cuando China demandaba cobre, y se estancó cuando esa demanda se moderó. La política monetaria, así las cosas, ha sido parámetro de fondo y no variable explicativa.

Lo que el banquero admitió

El propio Velarde lo dijo, casi sin querer, en el discurso del 27 de abril de 2026 con que recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Continental, apenas tres meses antes de que venza su mandato: “Si no hubiera esta inestabilidad, el ancla de estabilidad que ha sido en parte del Banco Central, no hubiera sido tan reconocido. Hemos ganado en cuanto a imagen porque el país sufría de una inestabilidad grande”. La frase, en su aparente sencillez, formula la tesis exacta y la formula desde el lugar menos esperable: la voz del banquero central que es su personificación.

La admisión merece lectura cuidadosa, porque el banquero está diciendo algo que su propia mitología no puede asumir como dicho. El prestigio del BCR, según el propio Velarde, es comparativo y no absoluto. Lo que lo hace visible en el imaginario público es el contraste con un Estado disfuncional. La estabilidad monetaria peruana brilla porque alrededor todo se mueve y se rompe. Si el resto del aparato estatal funcionara con razonable competencia, el banquero central sería un técnico más entre otros técnicos. Su elevación a sacerdote requiere, como condición de posibilidad, la disfuncionalidad estructural de todo lo demás. La autonomía celebrada del BCR no es, dicho con la imagen que el caso sugiere, un faro autónomo en la noche. Es luz de baliza en una pista a oscuras —y lo que la hace visible es la oscuridad circundante.

Captura cruzada

Esa lectura encuentra confirmación en el diseño constitucional peruano, que la inscribe con una literalidad cuyo alcance pocas veces se subraya. El artículo 86 de la Constitución Política del Perú (1993) establece que el Directorio del BCR está compuesto por siete miembros —cuatro designados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente del Directorio; tres por el Senado tras la reforma bicameralista de 2026, antes Congreso unicameral— y agrega una cláusula cuya lectura atenta resulta indispensable: “Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que corresponde al Presidente de la República”. Cada cinco años, en otras palabras, el Directorio entero puede ser reemplazado por el Ejecutivo entrante con ratificación legislativa. La autonomía del BCR, en consecuencia, no es estructural sino periódica. Es una autonomía que se renueva o se desmantela en cada elección presidencial.

Que Velarde lleve casi veinte años al frente del BCR no es resultado del diseño constitucional. Es resultado del ejercicio repetido de esa facultad en sentido conservador. Cuatro presidentes de signos políticos opuestos lo han ratificado: García en 2011, Humala mantuvo el directorio en 2016, PPK lo ratificó al inicio de su gestión, Castillo en 2021 y, eventualmente, quien asuma en julio de 2026. La ratificación más reveladora es la de Castillo en octubre de 2021. El primer presidente abiertamente de izquierda que el Perú había tenido en décadas, llegado al poder con un partido marxista-leninista, ratificó al banquero central más promercado de la región apenas días después de remover a su primer gabinete. La explicación oficial fue la “estabilidad”. La explicación real fue la presión: empresarial, mediática, de calificadoras, de los mercados que castigaron al sol y al BVL desde el 28 de julio anterior. Castillo cedió porque el costo político de no ratificar a Velarde lo cobraban los mercados en horas, mientras el costo de ratificarlo se diluía entre sus bases en meses. Esto no fue independencia institucional. Fue captura cruzada.

No obstante, conviene desactivar aquí una utopía que la conversación pública peruana suele tratar como verdad técnica indiscutible: la idea de que un banco central debe ser autónomo en sentido absoluto, aislado por completo del ruido político. Esa autonomía pura no existe en ninguna parte. La Reserva Federal nombra a su presidente por decisión del Ejecutivo, lo confirma el Senado y lo destituye en la práctica por la vía simple de no renovarlo —Trump nominó a Warsh para reemplazar a Powell justamente porque la independencia operativa de la Fed convive sin contradicción con su delegación política de origen—. El Banco Popular de China responde directamente al Consejo de Estado y opera como brazo de la planificación quinquenal. El Banco Central Europeo se construye sobre equilibrios entre estados miembros que son, por construcción, transacciones políticas. 

La autonomía de cualquier banco central es siempre, en todas partes, un acto de delegación política revocable por la misma voluntad que la creó. Lo que cambia entre países no es la existencia de esa delegación —universal— sino la calidad del tejido institucional que la rodea. En sistemas con malla densa —Tesoro técnico, mercados profundos, parlamentos funcionales, prensa especializada—, el banquero central es un nodo más entre varios y su sustitución resulta trivial. En sistemas con malla rota, el banquero deviene mitológico por compensación. La aparente fortaleza del BCR peruano, en ese sentido, no expresa excepcionalismo virtuoso. Expresa la sombra alargada que produce la fragilidad de todo lo demás.

Lo que ha sostenido al BCR durante dos décadas, según se ha buscado argumentar en las líneas precedentes, no es entonces el artículo 86 de la Constitución. Es un consenso sociológico que ha logrado convertir la continuidad de Velarde en condición tácita de gobernabilidad. La autonomía resulta así jurídicamente débil y sociológicamente fuerte. Y aquí, la lectura foucaultiana se vuelve más útil que la lectura promercado convencional: lo que la narrativa pública lee como autonomía protectora de la economía, el análisis del poder lee como mecanismo de disciplina sobre la política democrática. La supuesta indispensabilidad del banquero central no es un escudo neutro frente al voto popular. Es una arquitectura que preinscribe los costos materiales de cualquier desvío. Cualquier proyecto político que pretenda tocar el modelo paga inmediatamente; cualquier proyecto que lo respete consigue legitimidad técnica. Lo que en otro lugar se ha denominado panóptico criollo opera aquí en su modalidad monetaria: una arquitectura que no necesita prohibir nada porque las consecuencias del desvío están preinscritas en el comportamiento de los mercados.

Economía dual

La consecuencia económica de este arreglo es leíble en los datos. El Perú ha crecido a pesar de su política —diez presidentes de la República, treinta y nueve presidentes del Consejo de Ministros y treinta y un ministros de Economía durante los casi veinte años de gestión de Velarde, conforme a las cifras dadas por el propio banquero en el discurso ya citado, sumadas a vacancias seriales, golpes fallidos y congresos disueltos— porque opera como economía dual. Existe, por un lado, un Perú macroeconómico blindado: BCR autónomo, MEF tecnocrático, capítulo económico de la Constitución, contratos de estabilidad tributaria, sistema concesional minero. Existe, por otro, un Perú político-democrático que se autodestruye sin afectar al primero. La inflación cerró 2025 en 1.5%, la más baja en ocho años; el crecimiento proyectado para 2026 oscila entre 2.9% (BBVA Research; IPE) y 3.2% (BCR); los términos de intercambio crecerían 6.4% gracias al ciclo del cobre y del oro; la balanza comercial mantendría un superávit cercano al 10% del PBI. Todos los indicadores que la prensa especializada celebra están blindados, en alguna medida, contra lo que ocurra en Palacio de Pizarro.

Eso es eficiente y es aterrador. Eficiente porque permitió que el Perú no implosionara durante el ciclo Castillo-Boluarte. Aterrador porque significa que el voto popular es, en términos macroeconómicos, estructuralmente irrelevante —y la democracia se reduce a teatro de bajo costo—. La prueba más honesta de esta lectura es la siguiente: el llamado milagro peruano de 2002 a 2013, con crecimiento promedio cercano al 6%, fue mayoritariamente un milagro chino filtrado por minería peruana. Cuando China desaceleró, el crecimiento promedio cayó a alrededor del 3% para el período 2014-2024. Esa curva sigue casi perfectamente el supérciclo de los commodities. La política peruana no ayudó al crecimiento, según se ha visto, pero tampoco lo lastró tanto como sugiere la queja conservadora habitual, simplemente porque la macro nunca dependió mucho de ella. La política importa, justamente, donde el enclave no opera. Y como el enclave no produce crecimiento más allá del ciclo de los commodities, la mediocridad política condena al país al techo bajo del 3%.

Mientras esa macro funciona con sus reglas, los servicios públicos peruanos implosionan según una lógica distinta. Tres millones de peruanos sin acceso a agua potable, según cifras del INEI. Comprensión lectora en estudiantes rurales por debajo de niveles funcionales en las pruebas estandarizadas. Hospitales regionales sin equipamiento básico. El Seguro Integral de Salud cubriendo nominalmente a millones sin capacidad real de atención. Juzgados con cargas que aseguran que el debido proceso es ficción operativa para la mayoría. Y el descenso sostenido del horizonte de exigencia ciudadana: la conversación pública sobre cualquier servicio ya no pregunta si es bueno se pregunta si llega. Esa caída del horizonte de expectativa, según se ha buscado argumentar, no es accidente ni mala gestión. Es funcional al sistema. Un Estado que solo administra carencia produce ciudadanía clientelar de manera espontánea. El congresista “consigue” la posta médica; el alcalde termina convertido en intermediario obligado para que la obra “baje”; al operador partidario se le paga con fidelidad si se pretende destrabar el trámite. La carencia administrada no constituye falla del sistema. Constituye una de sus modalidades de funcionamiento.

El piso que también es techo

Aquí, la libertad realista —la posición que combina escepticismo del Estado con realismo sobre las condiciones de salida— tiene que mirar de frente una asimetría que la narrativa promercado nunca articula con honestidad. La presión tributaria peruana ronda el 15% del PBI, una de las más bajas de la región, contra un promedio OCDE del 22% al 25%. Esa compresión fiscal es lo que asegura que los servicios existan solo nominalmente. No se puede tener Estado pequeño y servicios decentes en un país con 70% de informalidad: es restricción aritmética, no preferencia ideológica. La estabilidad macroeconómica que el BCR custodia descansa, en parte, sobre esa compresión sostenida. El blindaje que protege al banco central del próximo Castillo es el mismo blindaje que asegura que las comunidades de Piura sigan sin agua. No son fenómenos separados: son el mismo arreglo institucional visto desde dos lados.

La salida tampoco resulta trivial. Aumentar la presión tributaria en un país con 70% de informalidad significa aumentarla sobre el 30% formal, lo cual resulta regresivo en su efecto agregado y políticamente explosivo. Formalizar requiere un Estado capaz que el déficit de servicios precisamente impide construir. Se configura así un loop estructural. Sin servicios decentes, la base tributaria no se amplía. Sin base tributaria, el Estado carece de capacidad ejecutiva. Y sin esa capacidad, los servicios siguen siendo lo que son: promesa nominal que recicla la informalidad como destino. Romper ese loop exige, o bien un shock institucional al estilo Singapur de Lee Kuan Yew —lo que asume condiciones políticas que el Perú no tiene—, o un proceso secular de décadas con liderazgos coherentes, lo que la inestabilidad política impide. El país está atrapado en el equilibrio mediocre. La macro estable es la condición que sostiene ese equilibrio, no la palanca que lo rompe.

Esta lectura admite una objeción inmediata. En el mismo discurso del 27 de abril, Velarde recomendó “trabajar en un servicio meritocrático para mejorar la calidad de los servicios públicos que el país necesita”, reconociendo que falta mucho por hacer en esa dirección. Esa declaración podría leerse como descargo: el banquero no es ciego al problema, lo nombra. La objeción tiene fuerza, pero resulta incompleta. Nombrar el problema desde la posición que se beneficia de su persistencia no equivale a enfrentarlo. El blindaje macro que Velarde custodia es, en parte, lo que produce la compresión fiscal que mantiene a los servicios en su estado actual. La recomendación de mejorar los servicios sin tocar las condiciones que los precarizan es, en su forma misma, otro síntoma del arreglo: el modelo permite diagnosticar la enfermedad sin tocar las condiciones que la sostienen.

Lo que el sucesor de Velarde haga o deje de hacer en julio importará, según se ha buscado mostrar, menos de lo que la conversación pública actualmente le atribuye. Castillo y Armas son cuadros formados en la misma escuela técnica del BCR, con la misma ortodoxia anti-inflacionaria y los mismos reflejos institucionales. Si Velarde se queda, el modelo continúa. Si se va, el modelo continúa también. La pregunta misma —¿qué pasará si se va?— constituye el síntoma, no el problema. Quien la formula con angustia ya ha aceptado el supuesto que debería cuestionar: que el banquero central es sacerdote y no funcionario, motor y no pilar, condición causal y no parámetro de fondo. La indispensabilidad fabricada del banquero es, ella misma, un mecanismo de gobierno. Disciplina al voto popular hacia un horizonte económico angosto bajo amenaza de catástrofe que casi nunca se materializa.

El sacerdote se irá o se quedará. La economía no caerá.

Pero el drama no se inscribe en la macro. Se inscribe en la pulverización institucional que esa estabilidad acompaña sin tocar. Los jóvenes que postulan año tras año a Beca 18 o a Beca Bicentenario seguirán perdiéndolas por una estrechez fiscal que el modelo no admite reformar. Los servidores CAS del Estado peruano —miles de defensores públicos entre ellos, además de profesores, médicos y técnicos— operan bajo un régimen que les reconoce derechos laborales en el texto sin asignar el presupuesto que los materialice. La reforma universitaria, que la SUNEDU intentó en su momento, fue desmantelada por leyes sucesivas hasta dejarla como sombra de sí misma. El servicio civil meritocrático sigue siendo, más de una década después de la Ley SERVIR, una promesa que cubre menos del 5% del aparato estatal. Y los niños en zonas rurales del Perú siguen sin agua.

Nada de eso es lo que el banquero central protege ni lo que su salida pondría en riesgo. La macro estable es el piso que también es techo. Y el sacerdote que custodia el piso es, sin proponérselo, el mismo que asegura que el techo no se mueva.

Referencias

Constitución Política del Perú [Const]. Art. 84-86. 29 de diciembre de 1993 (Perú).

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979) (H. Pons, trad.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 2004).

Hayek, F. A. (1976). Denationalisation of money: The argument refined. Institute of Economic Affairs.